La crisis de Venezuela ingresa a un terreno desconocido con un futuro incierto

La crisis en Venezuela ha alcanzado un punto incierto, incluso para este país caribeño. A una semana de las concurridas elecciones presidenciales del 28 de julio, la falta de resultados oficiales verificables ha permitido que el chavismo despliegue su faceta más represiva en medio de crecientes sospechas de fraude. La oposición, debilitada por la persecución, intenta defenderse como puede. Publicando en Internet las actas reunidas por sus testigos, un elemento crucial en esta narrativa, han surgido análisis de periodistas, expertos en datos y observadores internacionales, como el Centro Carter, que cuestionan el veredicto del Consejo Nacional Electoral (CNE) que declaró a Nicolás Maduro como ganador.

La comunidad internacional, con Estados Unidos de un lado y Brasil, México y Colombia del otro, busca mediar sin una estrategia clara. Incluso aliados tradicionales del chavismo, como Cristina Fernández de Kirchner, han solicitado "por el legado de Chávez" la publicación de las actas. Paralelamente, un grupo de disidentes chavistas cercanos al fallecido líder bolivariano se enfrenta a Maduro. Lo que hace una semana parecía una solución mediante elecciones presidenciales, ahora se presenta como un camino incierto.

El Gobierno ha intensificado la represión, transmitida por televisión, contra manifestantes, dirigentes políticos, activistas y líderes opositores como María Corina Machado, el candidato Edmundo González y otros de la Plataforma Unitaria. Con la llamada “Operación Tun Tun”, la policía y los servicios de inteligencia realizan redadas casa por casa. El terror se ha propagado en redes sociales, donde la gente ha cambiado sus fotos de perfil, eliminado mensajes críticos y dejado de hablar. La Fiscalía ha reportado más de 1,200 detenidos en una semana, aunque otras fuentes elevan la cifra a 2,000, superando los números de las manifestaciones de 2017. La ONG Foro Penal ha confirmado la detención de al menos 80 adolescentes, presentados por Maduro y otros altos funcionarios como criminales entrenados en el extranjero.

La oposición parece estar acorralada, limitando su exposición pública y denunciando la violación de derechos humanos, mientras se enfrenta a la detención de sus colaboradores y el allanamiento de sus viviendas. La comunidad internacional parece tener la llave para resolver esta crisis, aunque no está claro si es posible negociar con Maduro. Colombia, Brasil y México planean avanzar en una solución, posiblemente con una verificación “imparcial” de las actas y un diálogo entre Maduro y González sin la participación de María Corina Machado, lo cual es rechazado por gran parte de la oposición.

Maduro ha trasladado el conflicto de los resultados al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, con cambios recientes en la composición de sus magistrados. La presidenta de la Sala Electoral, Caryslia Rodríguez, asumió la presidencia del tribunal, a pesar de su falta de experiencia judicial, mientras que Edgar Gavidia, hermano del exesposo de la primera dama, es el vicepresidente, y Tania D’Amelio, exrectora del CNE, también fue incorporada.

El principal oficial electoral, Elvis Amoroso, amigo cercano de la pareja presidencial, guardó silencio durante casi cinco días antes de dar cifras que no aclararon lo sucedido. El CNE ha estado cerrado desde las elecciones, alegando una conspiración de opositores exiliados para atacar el sistema automatizado durante la transmisión de votos. El Supremo ha dado al CNE un plazo de 72 horas para entregar los datos recopilados, mientras la oposición ha publicado unas 25,000 actas de las 30,000 de la noche del 28 de julio.