El dictador Daniel Ortega podría expulsar del país a su hermano Humberto
El dictador Daniel Ortega podría proceder a expulsar del país a su hermano Humberto Ortega quien se encuentra en régimen de casa por cárcel luego de que diera unas declaraciones al medio argentino Infobae en donde habló sobre la sucesión dinástica de la dictadura.
El régimen sandinista podría actuar de la misma manera que ha hecho en contra de otros presos políticos, los cuales han sido expulsado del país y se les ha retirado su ciudadanía nicaragüense.
Este martes 28 de mayo el dictador en una plaza enfrente de miembros del Ejército de Nicaragua acusó a su hermano Humberto Ortega de ser un traidor de la patria y un vendido a los Estados Unidos.
El dictador se molestó con declaraciones brindadas por Humberto Ortega al medio argentino Infobae en donde habló de que no existe nadie quien pueda asumir el poder luego de la muerte de Daniel Ortega, ni la propia Rosario Murillo o Laureano Ortega.
Tras estas declaraciones la casa de Humberto fue sitiada por miembros de la Policía Nacional y se le instauró el régimen de casa por cárcel quitándole todo acceso a sus teléfonos y computadoras, limitando así toda comunicación.
Unos días antes de estas declaraciones al medio Infobae, el general en retiro Humberto Ortega escribió un artículo de opinión en el diario La Prensa en donde habla y advierte sobre una posible intervención militar quirúrgica de Estados Unidos para restaurar el orden en Nicaragua.
Algunos expertos señalan que estas declaraciones en el diario La Prensa son más que todo una advertencia para su hermano, ante la situación política global y la perspectiva de Estados Unidos hacía la crisis de Nicaragua.
Los opositores han tomado este enfrentamiento entre los dos hermanos Ortega de diversas maneras, algunos señalan que se trata de una estrategia planificada entre ambos y otros analizan de que realmente ambos hermanos están confrontados ya que tienen perspectivas muy diferentes y encontradas.
Humberto Ortega ya en el pasado habría comentado de que la gente detenida a lo que la dictadura acusaba de terrorista eran simplemente ciudadanos que se manifestaban defendiendo sus principales derechos, en especial el derecho a la protesta pacífica.
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